Bueno, según datos del Gobierno Federal, solo en los primeros dos meses de 2022, R$2.5 mil millones se gastaron en pagos relacionados con el seguro de desempleo. La previsión es que a finales de este año, esta cantidad llegue a R$41,7 mil millones, una diferencia de casi R$10 mil millones en comparación con el año pasado, cuando se otorgaron R$31,8 mil millones a los nuevos desempleados. 

El aumento de valores encendió una alerta para el gobierno, que ahora estudia cambios en las reglas para otorgar el beneficio. Hoy, el trabajador con despido improcedente puede recibir de tres a cinco cuotas del seguro de desempleo. 

Por lo tanto, los expertos financieros y el propio gobierno brasileño admiten que las normas vigentes alientan a los brasileños a solicitar el seguro de desempleo varias veces. De esta forma, el incentivo deja de ser una ayuda temporal hasta una nueva contratación y se convierte en un estímulo a la informalidad. 

Según Luis Felipe Oliveira, secretario del Trabajo del MTE, se espera un aumento en las contrataciones y despidos durante el período de crecimiento económico. Sin embargo, la permanencia de los desempleados en las cinco cuotas a las que tienen derecho es lo que incomoda a los especialistas financieros del Gobierno Federal. 

Para Oliveira, el problema radica en la forma en que el gobierno brasileño presenta el beneficio. Esto se debe a que, cuando se firma un nuevo contrato de trabajo entre empleador y empleado, el ciudadano pierde el derecho a recibir el seguro de desempleo. Esto termina generando un incentivo para que rechace el alta en la cartera para poder seguir cobrando las cuotas. 

A través de reuniones interministeriales de las carpetas de empleo y renta, el gobierno busca nuevas alternativas para el pago de prestaciones a los trabajadores. Así, un estudio reciente encargado a Gaet por el Ministerio del Trabajo propone que el gobierno redirija a sí mismo la multa del FGTS del 40%, pagada directamente al trabajador despedido sin justa causa.

Los valores servirían para ayudar a los ciudadanos que tengan un ingreso mensual de hasta un salario mínimo y medio. De aprobarse, la medida pondría fin a la existencia del seguro de desempleo. En lugar de depositar el monto de la multa en el Fondo de Garantía del trabajador, el empleador transferiría el monto adeudado al gobierno.  

De esta forma, los montos serían entregados al FAT (Fondo de Apoyo al Trabajador), y el organismo se encargaría de realizar los pagos mensuales al FGTS individual del trabajador con el monto pactado de hasta un salario mínimo y medio. 

Finalmente, al ser despedido, el trabajador tendría derecho a la amortización mensual del monto equivalente a la remuneración de su último trabajo.